martes, 8 de noviembre de 2011

CONTINUA LA INTRANSIGENCIA
Hemos visto y oído los últimos debates sobre la nueva Ley de Educación Superior en los que han participado la Ministra del ramo, estudiantes, padres de familia, algunos profesores y ahora los miembros del Comisión Sexta del Congreso, encargada de discutir y rendir ponencia ante la plenaria. Es un proceso que está desgastando a todos, al Gobierno que continúa afirmando que el proyecto de ley es bueno porque ampliará cobertura, creará mecanismos para incrementar los aportes a las IES oficiales, evitará la privatización, creará líneas de crédito blando y a largo plazo para los estudiuantes, y eliminará la posibilidad del lucro en las instituciones.
Los estudiantes en una actitud intransigente no acceden a levantar el paro que afecta a la mayoría de las universidades y demás IES de carácter público. La Ministra por su parte hace un constante llamado a que hagan sus aportes al proyecto pero en un ambiente de normalidad académica. Los padres de familia sufren el trauma de ver a sus hijos que no avanzan en sus estudios con todas las consecuencias negativas que la situación de paro acarrea. La sociedad, particularmente los empresarios, los profesionales y los gremios del sector productivo miran el problema como si fuera algo extraño, como si no tuvieran "velas en este entierro".
La situación se agrava en esta semana que comienza porque se anuncia un paro nacional de la educación, en el que FECODE ha anunciado su participación. Los maestros se han pronunciado en contra de la reforma, pero además han aprovechado el momento para insistir en sus reivindicaciones ante el MEN.
Numerosos columnistas han hecho referencia al tema tanto en la prensa nacional como en los diarios regionales. De ellos, es importante destacar los comentarios de Salomón Kalmanovitz, ex- codirector del Banco de la república, académico de la U. Nacional y agudo analista de la economía colombiana. .
(El Espectador, lunes 07-11-2011)
"El Gobierno argumenta que ha aumentado el presupuesto de las universidades en términos reales, lo cual es cierto. Sin embargo, ha dejado de aprovechar el crecimiento económico más rápido para darle un impulso tanto a la cobertura como a la calidad de la educación en Colombia, indicadores que son deficientes frente a países de mediano desarrollo y, más aún, si se pretende escapar de la especialización en la exportación de recursos naturales que ha escogido como modelo de desarrollo.
Las prioridades se revelan si se compara la participación del gasto en seguridad y sueldos de retiro, 6,5% del PIB, 17 veces superior al gasto en universidades públicas, proporción que seguirá aumentando de acuerdo con los propósitos de la nueva ley. En la última propuesta se incluye un factor transitorio —el 3% del monto decreciente sobre el PIB—, lo cual no cambia mucho las cosas: al final del mandato único de Santos la participación cae a 0,35% del producto.
Hacia futuro, la reforma condena a la educación superior a seguir reduciendo su presupuesto como proporción de la riqueza nacional, mediante unas fórmulas absurdas que la reglan ¡hasta el año 2042! Así, en 2022 el aporte de la Nación sería de 0,28% del PIB y de sólo 0,15% en el último año de la serie. Evidencia también el talante autoritario de Santos, que se abroga la decisión de gasto contra siete gobiernos del futuro, cuyos electorados puede que aspiren a que se gaste más en un bien meritorio por excelencia, como la educación."
Estaremos atentos al proceso que se reinicia hoy.

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