El proyecto de ley de Educación Superior presentado por el Gobierno ante el Congreso ha suscitado una reacción negativa en el seno de las instituciones públicas a tal punto que hoy los medios de comunicación informan sobre un paro estudiantil en 32 universidades públicas a las cuales se suman algunas privadas. Aunque nadie puede esperar que una reforma de la educación superior cuente con la aceptación callada de los estudiantes, no se esperaba un consenso de rechazo tan grande como el que estamos presenciando en estos días. Ese rechazo incluye además a Rectores de las grandes universidades del Sistema Universitario Estatal quienes han formulado comentarios adversos sobre puntos específicos, principalmente los relacionados con la financiación.
De todas maneras el Gobierno insiste en que no va a retirar el Proyecto. Vale la pena entonces hacer algunos comentarios sobre los grandes temas que contiene.
El primer Título define el Sistema de Educación Superior, sus principios y fines y garantiza la autonomía de las IES de conformidad con la Constitución y la ley. No existen grandes objeciones sobre el contenido del primer Título.
El segundo Título tiene que ver la prestación del servicio público de la Educación Superior. El servicio estará a cargo de las Instituciones de Educación Superior. Establece que sólo las Universidades o IES acreditadas institucionalmente podrán ofrecer programas de doctorado.
Por razón de su orgen las instituciones podrán ser estatales, privadas o mixtas. Surge un gran interrogante sobre la definición, alcances y conformación de la IES mixtas. Es un tema de gran debate y ha sido rechazado por los estudiantes que ven en ésto la intención de la privatizaión de la educación superior.
El artículo 23 reserva la denominación de Universidad para aquellas instituciones que demuestren un alto grado de desarrollo en investigación, profesores, bienestar y recursos. Concede a las Universidades actuales un plazo de 8 años para demostrar que cumplen con estos requisitos. De lo contrario, tendrán que cambiar su denominación (IES?). Esta medida cuenta con el apoyo de los Rectores de las universidades que tienen actualmente la acreditación institucional. Las otras universidades han manifestado que su denominación es un derecho adquirido y que sería inconstitucional obligarlas a cambiar. Punto éste que puede traer acciones de lobying o cabildeo ante los congresistas. Tal como está el proyecto, la Acreditación de Alta Calidad se convierte en obligatoria si la institución decide mantener su status de Universidad. Vendrán entonces las necesarias discusiones sobre el carácter voluntario que debe tener este tipo de acreditación, lo cual ha sido una de las principales fortalezas de ese proceso liderado por el CNA.
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